HECHO INSÓLITO Y  SORPRENDENTE:

Tengo que señalar aquí  algo,  que aun que sea  personal, no puedo menos de contar,  ya que ello supuso cuando sucedió,  una sorpresa para quienes lo conocieron,  lo que me ocupé que sucediera,  enviando una circular explicándolo.  Ahora lo repito  para vosotros.

En mi actividad laboral, al servicio de un Organismo del  Estado, que abarcaba todas las provincias de la Comunidad de Castilla  y León,  para lo  que estaba destinado en la ciudad de León,  desde 1961.  Hasta el año 1980 todo se desarrollaba con la normalidad que en cualquier actividad o trabajo.  Fue a partir de 1982, cuando una corriente generalizada en toda España, llevaba a comportamientos que yo consideraba poco adecuados, por que la ética y moralidad se deterioraban de forma alarmante,  precipitada y progresiva.  Los trabajos particulares  hechos desde puestos de responsabilidad en Organismos del Estado, hacían que se permitieran abusos, se concedieran autorizaciones sin un mínimo de coherencia y garantía para lo que se consentía hacer  y se aceptaran compensaciones económicas que eran un descrédito para quienes teníamos responsabilidad en todo  lo que se concedía, autorizaba o simplemente se permitía.

Esa corriente iba en aumento y pronto yo me manifesté en contra de esas formas de actuación,  mi situación era mas que comprometida, pues a mi categoría laboral que no era muy elevada, se unía que quienes mas intervenían y actuaban eran  mis propios superiores, alguno en lo más elevado del escalafón jerárquico.    Muy pronto, me empecé a significar en contra de ciertos comportamientos,  en los que curiosamente algunos de mis compañeros no tenían inconveniente en colaborar,  por dos razones, suponía una ayuda económica para la situación familiar en aquel tiempo muy deficitaria, y segundo que al colaborar con jefes, la protección se consideraba garantizada. Esa colaboración era principalmente, presión y chantaje para la aceptación del  compromiso convenido. Yo por el contrario me veía en situación más que comprometida y muy, muy arriesgada.

Pronto empecé a sufrir las consecuencias de esta oposición mía a esas formas de actuar,  y pronto  empecé a padecer agresiones o enfrentamientos, expresados en  forma de “expedientes disciplinarios”.  Creo que fueron seis los que sufrí entre los años 1975 y 1995, en los cuatro primeros, salí absuelto,  -improcedente,–  pues no había razón ni base para la operación que contra mí se montó.  En el quinto de los expedientes, se dieron algunas circunstancias muy particulares, que merecían  ser comentadas, pero como no es este mi objetivo final, lo pasaré por alto, solo que se actuó judicialmente y valiéndose de una testificación de un Guardia Civil cuyo nombre ya he señalado, y que no ajustó sus afirmaciones a los hechos y   que tenía  intereses,   por su  relación familiar con  la parte  denunciante, sirvió para que se me castigara aun que con una sanción no importante.

Esto  dio la impresión de  que por fin, habían logrado el objetivo largamente  perseguido, ya se pudo empezar a pensar en el objetivo final.   Unos años en que  la dirección del Organismo en cuestión estuvo en  manos de quien,  no solo alejó las prácticas que yo denunciaba, sino que me mostró coincidencia con mis postulados de oposición a prácticas indignas,  me permitió tener una tranquilidad y sosiego y ocuparme de mi labor, que coincidía precisamente en hacer que se respetaran todos los comportamientos de legalidad y  de respeto mutuo.   Era todo  el objetivo  de nuestro trabajo  conseguir que,  los cometidos y acciones del Organismo a que me refiero, diera a los ciudadanos que se servían de él,  una legalidad, un beneficio adecuado y justo, y respeto  entre quienes eran igualmente beneficiarios.  No siempre era fácil conseguirlo sin tensiones y enfrentamientos entre los usuarios, nuestra labor era evitar se produjeran.

Fue con la jubilación de quien nos había facilitado esa labor, básica en el Departamento en que nos encontrábamos, que nos permitió trabajar sin impedimentos y con facilidad y  al ser ocupado ese cargo de  máxima autoridad,  precisamente por  alguien que en los años anteriores se vio obligado a prescindir de un  cobro ya convenido,   por que yo me opuse a ello,  por improcedente e inmoral.  Como en otras ocasiones, incluso, obligué a la devolución de lo  ya cobrado indebidamente.   La guerra ya fue declarada y  abierta,  sucedía esto en el año 1994.

Los años para mi  jubilación eran ya pocos y quienes querían darme un escarmiento, parece les urgía,  ya que antes había ido saliendo de los envites  con facilidad, no era posible que a mediados del 1998, cuando alcanzase la jubilación,  me mantuviera como hasta ahí, sin experimentar  las heridas del acoso y derribo.   En ese tramo final de mi actividad laboral  y conociendo  los objetivos que algunos tenían de  “derribarme”,  tengo que decir que me cuidé muy mucho para que eso no sucediera.  Viendo que no  era posible mi  destrucción, o  desalojo del lugar en el que me había mantenido, tuvieron que “fabricar”,  un argumento o base, que fueron dos, para lograr el objetivo ya señalado, y  fue el día 14 de julio de 1995 cuando recibo  por correo certificado una carta en  la que se me notifican   “DOS EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS”.   Uno en base a que me había negado a  obedecer una orden que se me dio,  y que yo justificaba,  por ese cuidado que yo debía tener, había EXIGIDO,  se me diera por escrito, ya que un artículo de la Ley de Aguas, lo señalaba como NO LEGAL, y la orden se me dio de palabra y  por teléfono. El segundo  expediente era por que yo había manifestado  POR ESCRITO, denunciando a un Ingeniero superior a mí,  que pretendió cobrar una gran cantidad de dinero, por una gestión del  propio organismo, cuyo coste hecho de la forma  procedente era CERO.  Yo protesté por ello, y  expuse con nombre y apellidos  quien  lo pretendió cometer, precisamente el más alto cargo de aquí, lo que llevó a culparme de: “difamación, falsedad, injurias,  tergiversación de un hecho, falta de respeto, etc.

Todo estaba ya montado para conseguir, lo que desde hacía muchos años perseguían, mi destrucción, lo que ya parecía fácilmente alcanzable, para ello, solo fue preciso una instrucción en la vía Administrativa en la que se llevaba a cabo el procedimiento.  Dando apariencia de neutralidad,  se hizo venir a un Instructor de Madrid, que llamando a testigos y de aportación de pruebas falsas, un  cúmulo de arbitrariedades,  mentiras  y   compañeros  accediendo a la traición, etc. todo se fue urdiendo hasta conseguir unos resultados expresados en la Resolución que fue  fallada  con esta sentencia, que me llegó el día  11- de enero de 1996: “DESPIDO DE EMPLEO Y SUELDO POR CADA UNO DE LOS DOS  EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS”.   Quedaba con ello consumado  ¡¡¡el atropello!!!.

Quienes hayan vivido o puedan imaginar lo que esa arbitrariedad supone, comprenderán el  momento que para mí  fue  toda esa experiencia  y  eso cuando llevaba 37 años de actividad en el ejercicio de mi profesión.  Quienes la habían llevado a cabo, altos cargos y máxima autoridad, no rebasaban una permanencia en ellos de más de 2 – 3 años,  el más responsable, solo 9 meses en el  cargo por el que relevó al jubilado.       Inmediatamente me puse en contacto  con  abogado que sabia de su conocimiento  en la materia, y  le expuse todo lo sucedido.   Hasta ese momento había actuado sin contar con jurista que me defendiera, ya que fui  considerando absurdas  las causas en que se apoyaban las acusaciones.

Lo primero que me señaló, fue: “esto no tiene pies ni cabeza”,  no se puede denunciar desobediencia por una orden dada de palabra, que además supone acceder a una actuación  ilegal. Segundo no se puede señalar falsedad cuando acompañas la “declaración jurada”, de la persona a la que se le pretendió cobrar 100.000 pts. innecesariamente.

Expuesto como creo ha quedado  hasta aquí, he de resumir los procedimientos que siguieron a esto.  1º  El Juez Instructor manifestó al abogado, “esto no tiene sentido, una orden de palabra es una orden inexistente, por tanto no hay  incumplimiento”. En cuanto al segundo  de los Expedientes,  le retiró  del procedimiento judicial, el Abogado del Estado,  ya que además de mostrar el  falso argumento de sanción hacia  mi, podría el  Instructor, actuar de oficio y  abrir procedimiento por chantaje y cohecho al funcionario  con cargo,  que yo señalaba en mi denuncia.  Su  fallo fue inmediato  en ese sentido,  “Despido improcedente”,…”Restitución al puesto de trabajo con  las mismas condiciones y  mismas percepciones”.  ¡¡¡ No se hizo!!.

2º  Elevado al Tribunal Superior de Justicia de C y L.  por recurso de la parte que originó los expedientes, este tribunal ratificó lo sentenciado  por la Instrucción.

3º  Este procedimiento se realizó sin cumplir  la sentencia que obligaba a la restitución a mi puesto  de trabajo, lo que me obligo  a recurrirlo.    Ante la sentencia también favorable que  me dio  también  el Tribunal .Super.de Justicia  de C y L.  Volvieron a recurrirlo al TRIBUNAL SUPREMO,….  En el que de forma definitiva sentenció el día 13 de enero de 1998,  y que fue esta:

“PROCEDASE A DAR POR CONCLUIDA LA RELACIÓN LABORAL DE ESTE TRABAJADOR, Y  SE LE INDMNICE CON LA CANTIDAD DE   10.551.740 Pts” entre indemnización e intereses.

No creo necesario hacer mas comentarios,    son evidentes,  solo señalar que:

A  partir de ahí, se inició la   destitución y  ceses  progresivos  de cargos y jefes,  algunos de ellos previa  inspección e instrucción judicial por lo encontrado en esa investigación abierta, lo que llevó a algunos procesamientos.   En tanto y  a tan  solo 52 días de que  yo cobrase tan “sustanciosa indemnización”,  alcanzaba mi jubilación,  dejando  que los objetivos que “aquellos” se habían  propuesto, fueran tan mal  concluidos y  tan desastrosamente  finiquitados.

Tuve que enviar una circular a todos los puntos donde yo sabia estaban  dando  versiones contrarias y falsas  de lo sucedido, y sobre todo,  tan difamatorias para mí,  y lo que era más doloroso, transmitido por medio de algunos de mis propios compañeros, los que se  brindaron a  propagar esas falsedades.  Quien más se destacó en esa divulgación difamatoria contra mí, pronto tuvo, sin currículum para ello, un puesto  de trabajo privilegiado y sin la necesaria  oposición, – a dedo-.  Ello me permitió,  que cuando  pude dirigirme al ya ex-presidente cesado, le manifestara mi reproche de que allí, “sí se había pagado  traidores”.    Por el contrario recibí  muchas felicitaciones,  de quienes se preocuparon de saber toda la verdad,  la misma que aquí os transmito, que es:   “Un simple trabajador, se defiende del acoso de Altas autoridades Administrativas, consigue que estas se vean destituidas, o procesadas  y  él reciba una gran indemnización que ha de pagar el ESTADO  ESPAÑOL”….. Muchos me dijeron que  lo  consideraban…

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡HECHO    INSÓLITO  y  único  en  España!!!!!!!!!!

Showing 2 comments
  • gerfersah@gmail.com'
    Gerardo Fernandez
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    Como me has indicado ya conocía este hecho. Estos hechos demuestran que las inspecciones en la Administración son un “cachondeo” y tiene que ser un trabajador u otra persona la que denuncie con lo que eso le conlleva. Este es el ejemplo de todo lo que está ocurriendo ahora en los tribunales de multitud de casos. Triste ¿no?

  • anamaria1914@hotmail.es'
    ANA
    Responder

    Muy triste, pero esto, ha ocurrido en todos los campos de este país nuestro, ………no me pongo a contar yo las cosas ocurridas en las AGENCIAS DE ADUANAS…..
    donde desaparecieron conteiner enteros de televisiones, amén de otros productos.

    Aún no desembarcaban de los aviones……ya desaparecían¡¡………así iban los cambios de personal¡¡

    Fue increíble en la forma que sucedían las sustracciones, y, en como estaban de comprados el personal de la época….

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